Desde el pasado lunes se celebra la Conferencia de las Partes número 17 de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), en la ciudad de Durban, Suráfrica.
Si bien, el país ha centrado su atención en el nacimiento de la nueva CELAC, no deja de ser importante seguir los resultados de esta cumbre en Durban, de la cual depende nada más y nada menos que la continuidad del Protocolo de Kyoto, el único instrumento jurídico que establece obligaciones para los responsables históricos de la alteración de nuestra atmósfera y nuestro clima.
Desde 2009, año de la Cumbre de Copenhague, Venezuela ha jugado un papel protagónico en estas negociaciones, asumiendo un liderazgo que se corresponde con la ambiciosa agenda de transformación social, económica y política de la Revolución Bolivariana. En aquella oportunidad se hizo evidente que la Convención de Cambio Climático tiene objetivos no explícitos relacionados con el establecimiento de un nuevo orden energético mundial; y que las corporaciones y el sistema financiero internacional usan el problema climático y a la convención como una mecanismo para legitimar su agenda económica y sacar provecho de la calamidad global.
Un ejemplo de ello lo representa el programa REDD+, un mecanismo para financiar a aquellos países que disminuyan su tasa de deforestación, cuyo propósito real es legitimar la creación de un nuevo mercado financiero internacional basado en la compra y venta de bonos de CO2. El mecanismo cuenta con el beneplácito de la mayoría de los países del mundo quienes esperan recibir cuantiosos fondos prometidos por los países industrializados. Sin embargo ha generado el rechazo de los pueblos indígenas del mundo entero quienes ven en REDD+ una amenaza inminente a sus modos de vida y a sus derechos.
Afortunadamente, la negativa de Venezuela junto a otros pocos países de adoptar el “Acuerdo de Copenhague” ha servido como base para negociar en términos mas igualitarios y respetuosos las decisiones, que según las normas oficiales, deben adoptarse por consenso. Ello permitió que en 2010 se acordara salvaguardar los derechos de los pueblos cuyas vidas dependen de los bosques, además de evitar que las plantaciones forestales se consideraran bosques y por tanto beneficiarias del programa REDD+. Venezuela también incluyó modificaciones a la propuesta original que impiden que REDD+ sea usado como mecanismo de injerencia y pidió postergar la discusión del mercado de CO2.
Hoy nos llegan noticias desde Durban en donde México, Colombia, Costa Rica y Papúa Nueva Guinea (representada en este foro por consultores italianos) solicitan cambiar el mecanismo de toma de decisiones ya no por consenso sino por votación. Nuevamente, Venezuela y Bolivia rechazan este intento de quienes pretenden mantener el control de la Convención mediante la extorsión, la compra de votos y otros mecanismos corruptos que se hicieron evidentes cuando Wikileaks reveló como se logró el apoyo para el vetado “Acuerdo de Copenhague”.
César Aponte Rivero
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