22 de octubre de 2011

El cuento de la Economía Verde

A propósito de la Cumbre a celebrarse el venidero 2012, en la que se conmemorarán los 20 años que han pasado luego de la Cumbre de Río, y del esfuerzo que las fuerzas hegemónicas han emprendido por posicionar en los medios su "economía verde", en Las Vainas son Verdes queremos contribuir a desmitificar esa nueva forma de seguir usufructuando la naturaleza y convertirla en mercancía para el sistema económico que controla el mundo y que es justamente el responsable de la crisis en que se encuentra nuestra relación con el planeta. 

Las Vainas Son Verdes se hace eco del magistral artículo de Edgardo Lander y recomienda su lectura, cuya fuente original se encuentra en http://alainet.org/publica/468-9.phtml, pero que también pueden leer aqui abajo:


El lobo se viste con piel de cordero
Edgardo Lander
I. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 1992: el desarrollo sostenible
 
En el año 1983, cuando la crisis ecológica del planeta Tierra se hacía cada vez más evidente, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la creación de una comisión internacional (Comisión Mundial para el Desarrollo del Ambiente) con el fin de realizar un diagnóstico global de la situación ambiental del planeta y sus relaciones con los objetivos del desarrollo. A partir de esto, debía presentar un conjunto de recomendaciones de acción. Dicho informe,  Nuestro Futuro Común(1), fue entregado en el año 1987 y ha sido conocido como el Informe Brundtland, el nombre de su coordinadora general. Este informe fue la plataforma básica que acotó las negociaciones de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en el año 1992. Se trata de un documento atravesado por severas contradicciones. Por un lado, este informe documentó muy ampliamente los severos problemas ambientales que confrontaba el planeta. Fue, sin embargo, incapaz de abordar las causas fundamentales de éstos. No se planteó la exploración de opciones fuera del marco dominante de la lógica capitalista del crecimiento económico sin fin. El informe sostiene que la mejor forma de responder a los retos planteados por la destrucción ambiental y la pobreza, ampliamente diagnosticados, es mediante más crecimiento. Proponen la necesidad de “revivir el crecimiento” con tasas anuales de entre 5 y 6% para el conjunto de los países del Sur.
 
Ante cuestionamientos cada vez más amplios a la idea de que es posible un crecimiento sin   fin en un planeta limitado, el Informe Brundtland realiza un extraordinario malabarismo conceptual orientado a darle nueva vida a la noción de desarrollo, bajo la nueva denominación de desarrollo sostenible. Esta nueva categoría permitiría, según el informe, relanzar el crecimiento en todo el planeta, eliminar la pobreza, y hacer todo esto en un modo sostenible en la medida en que las transformaciones tecnológicas permitirían producir cada vez más con me-nos insumos materiales y energéticos.El concepto de desarrollo sostenible tuvo una extraordinaria eficacia política e ideológica. Respondió en términos que parecían tomaren cuenta los cuestionamientos al desarrollo, mientras que en realidad lo que hacía era reforzarlo. Operó como un dispositivo tranquilizador en la medida en que logró crear la ilusión de que se estaban tomando medidas efectivas en respuesta a la crisis diagnosticada. Al no cuestionar la lógica de la acumulación capitalista y el modelo de la sociedad industrial como causas fundamentales de la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida, operó como mecanismo legitimador de la globalización neoliberal, que de ese modo pasó a presentarse como sostenible, a pesar de su avasallante dinámica devastadora. Dado que éste fue el marco de referencia a partir del cual se abordó la crisis ambiental, no es de extrañar que 20 años después, cada uno de los problemas caracterizados en este informe sea mucho más severo, y que la vida en el planeta se encuentre cada vez más amenazada. Hoy, ante la evidencia de los límites del planeta y la crisis terminal de este patrón civilizatorio de crecimiento sin fin y de guerra permanente en contra de las condiciones que hacen posible la vida, es cada vez más urgente detener la maquinaria de destrucción sistemática del capitalismo, de la sociedad industrial y del imaginario del desarrollo.
 
Luchas populares en todo el mundo resisten a la ampliación de las fronteras de la acumulación por desposesión,  la minería a cielo abierto, la extracción de petróleo, las grandes represas, el monocultivo transgénico, vistas como amenazas tanto a sus propios territorios como a la vida en el planeta Tierra. Ante el pleno control que ejercen los gobiernos del Norte industrial y las corporaciones transnacionales sobre las negociaciones de las Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,cada una de estas conferencias se ha convertido en una oportunidad para el encuentro, la movilización, la articulación y la denuncia de una muy amplia convergencia de movimientos de todo el mundo. Exigiendo simultáneamente medidas radicales destinadas a detener las dinámicas destructivas dominantes y exigiendo el pago de la deuda ecológica, equidad y justicia, rechazan res-puestas como las de los mercados de carbono que -como la experiencia ha demostrado- lejos de reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, lo que han hecho es avanzar en la mercantilización de la atmósfera y la creación de nuevas fuentes de acumulación/especulación para el capital financiero.
 
II. Río+20: la economía verde
 
Al cumplirse dos décadas de la cumbre anterior, en junio del año 2012 se celebrará en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20. En preparación para esa conferencia se han puesto nuevamente en marcha todos los dispositivos científicos y de producción de conocimiento e imaginarios con los que cuentan los gobiernos, los organismos multilaterales y las instituciones científicas y académicas cómplices. Se trata de una nueva y sofisticada ofensiva destinada a acotar los problemas de la crisis terminal de este patrón civilizatorio hegemónico en términos tales que no ponga en cuestión la operación global de las relaciones políticas y económicas hoy dominantes en el planeta. Más allá de las muy buenas intenciones que puedan tener muchos de sus contribuyentes, es ésto lo que está en juego. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la contribución de expertos de todo el mundo, ha producido un documento de más de 600 páginas en el cual se exploran con gran detalle los problemas ambientales (2), así como una síntesis para “los encargados de la formulación de políticas”(3).
 
Estos documentos y el concepto mismo de economía verde definen el nuevo marco conceptual dentro del cual se dan en la actualidad los debates, negociaciones y procesos de formulación de políticas de prácticamente todos los organismos multilaterales.¿Se trata de la disposición efectiva de producir las profundas transformaciones requeridas para salvar la vida en el planeta? ¿O es, por el contrario, la economía verde un nuevo dispositivo de los poderes globales, como lo fue el desarrollo sostenible, que opera mediante la incorporación (aparente) de las críticas que se formulan al modelo civilizatorio destructor, pero con la condición de que los supuestos y lógicas fundamentales de ese modelo no se han cuestionados, especialmente la confianza en el crecimiento económico, la fe ciega en el progreso, la ciencia y la tecnología, el technological fix y la magia de los mercados? ¿Busca este informe ser un llamado a la acción urgente requerida para frenar las dinámicas devastadoras dominantes o, por el contrario, tiene por objetivo tranquilizarnos, intentando convencernos no sólo de que contamos con soluciones que harán posible la transición hacia una economía verde, sino que, de hecho, esa transición ya ha comenzado?
 
Una lectura detallada de los textos nos permite responder, sin lugar a dudas, que no estamos ante la presencia de los diagnósticos y las respuestas urgentemente requeridas, sino ante un sofisticado esfuerzo por demostrar que es posible resolver los problemas de la crisis ambiental del planeta sin alterar la estructura global del poder en el sistema mundo, ni las relaciones de dominación y explotación existentes en éste. Se argumenta a lo largo del informe que con los mismos mecanismos de mercado y patrones científicos y tecnológicos, con la misma lógica del crecimiento sostenido, será posible salvar la vida en el planeta. De acuerdo al PNUMA, mediante la transición hacia la economía verde se podrá relanzar la economía global con tasas de crecimiento muy superiores a las que serían posibles con el modelo actual. Se lograría generar más y mejores empleos, se reduciría la pobreza, se alcanzarían mayores niveles de equidad y las metas del milenio, todo ello de un modo sostenible,esto es, reconociendo el valor de la naturaleza,reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, y la presión sobre el entorno natural, permitiendo así su recuperación.(4)
Todo esto, por supuesto, creando nuevas y rentables áreas de inversión que harían posible al capital global salir de su crisis actual y aumentar sus tasas de ganancia.
 
III. ¿Cómo sería la transición hacia una economía verde?
 
Para el PNUMA uno de los sustentos fundamentales de la propuesta de la economía verde está en el rechazo a lo que denominan el mito de que exista una disyuntiva entre progreso económico y sostenibilidad ambiental.(5)  De acuerdo a esto, no se trata de cuestionarla posibilidad de un crecimiento económico sostenido, ni la noción del progreso, sino de reorientar las inversiones y la innovación tecnológica en dirección de la economía verde.
Después de afirmar que durante la última dé-cada se han acelerado “crisis concurrentes de diversa índole” (la crisis del clima, de la diversidad biológica, del combustible, alimentaria,del agua y, finalmente, del sistema financiero y del conjunto de la economía), afirman que la causa fundamental de todo esto ha sido el resultado de “la asignación evidentemente incorrecta del capital”: Si bien las causas de estas crisis son di-versas, básicamente todas comparten un mismo elemento: la asignación evidentemente incorrecta del capital. Durante las dos últimas décadas, una gran cantidad de capital se destinó a propiedades, combustibles fósiles y activos financieros estructurados con los instrumentos consecuentes; comparativamente, se invirtió muy poco en energías renovables, eficiencia energética, transporte público, agricultura sostenible, protección de los ecosistemas y de la diversidad biológica, y conservación del suelo y el agua. La mayoría de las estrategias de desarrollo y crecimiento económico promueven una rápida acumulación de capital físico, financiero y humano, a costa de un agotamiento y una degradación excesivos del capital natural, del cual forman parte nuestros recursos naturales y ecosistemas. Al agotarse las reservas mundiales de riqueza natural, a menudo de forma irreversible, este patrón de desarrollo y crecimiento ha afectado negativamente al bienestar de las generaciones actuales, planteando enormes riesgos y desafíos a las generaciones futuras. Las recientes crisis múltiples son sintomáticas de este modelo. (PNUMA, pp. 1-2)
 
Se trata, para el PNUMA, de lo que denomina“fallas del mercado”. Pero la constatación de estas severas “fallas del mercado” y sus extraordinariamente peligrosas consecuencias para la vida en el planeta no lleva siquiera a pensar en la posibilidad de que ésta sea consecuencia del creciente poder de los mercados financieros, del creciente sometimiento de toda otra lógica social, sea la democracia, la equidad, la solidaridad, o incluso la preservación de la vida, a un criterio único: la maximización de la ganancia a corto plazo para el capital. De acuerdo al informe en cuestión, el problema es mucho más acotado, problema que puede ser resuelto sin necesidad de transformaciones estructurales en la operación del sistema. Se trata sólo que de que “los mercados” han estado operando sobre la base de “fallas de información”, la no-incorporación del costo de “las externalidades”, y sobre la base de políticas públicas inadecuadas como los “subsidios perversos o perjudiciales para el medio ambiente”. Por ello, las soluciones que propone el informe son un conjunto de “directrices relacionadas con las políticas necesarias” para lograr que el contexto regulatorio, los incentivos y las condiciones de acceso a la información en las cuales operan los mercados cambien. De esta manera, mediante “incentivos basados en el mercado” se lograría reorientar las inversiones de capital en dirección de inversiones ver-des e innovaciones verdes. Sobre la base de sus modelos económicos, llegan a la conclusión de que la transición hacia la economía verde sería posible mediante un incremento de inversiones “verdes” del orden de 2% del PIB del planeta. Esto “corresponde a menos de la décima parte de la inversión mundial anual”, lo que implica reasignaciones de inversiones por un monto de 1.3 billones de dólares anuales (PNUMA, p. 5). De acuerdo al informe: El sector de la inversión y los servicios financieros controlan billones de dólares, estando por lo tanto en condición de proporcionar la mayor parte de la financiación necesaria para la transición a una economía verde. (Op cit., p.35)
De acuerdo a este análisis, el futuro del planeta dependerá de que los Estados, mediante políticas impositivas, regulaciones, incentivos e inversiones, logren reorientar este monto de inversiones privadas de la “economía marrón”a la “economía verde”. Operando al interior de los dogmas del libre mercado, que la era de la globalización neoliberal han consolidado como único imaginario posible en los organismos multilaterales y en los “encargados de formulación de políticas”, el PNUMA advierte que para que estos instrumentos de políticas públicas logren los objetivos propuestos, es necesario que los inversionistas perciban que estas inversiones verdes aumentarán su competitividad. (UNEP, p. 249) Esa parece ser la razón por la cual, a todo lo largo del texto, se insiste una y otra vez, en que las tasas decrecimiento y las ganancias pueden ser mayores con una economía verde. Así, por ejemplo, con relación a la necesidad de acelerar el desarrollo de energías renovables, uno de los temas centrales del informe, afirman:
El sector financiero trata las inversiones en energía renovable como cualquier otra. Si de un proyecto o de una compañía espera una tasa de rendimiento que, ajustada de acuerdo al riego, sea suficientemente elevada, es considerada como una inversión interesante. (UNEP, p. 226)
 
En vista de este reconocimiento del capital como completamente amoral (le da lo mismo invertir en tecnologías verdes o en tecnologías destructoras en función de la tasa de ganancia esperada), la conclusión a la cual parecería llegar el PNUMA es que el futuro del planeta depende de que sea posible la formulación de políticas públicas capaces de sobornar a los inversionistas, garantizándoles tasas de ganancia suficientemente elevadas como para que se comporten como buenos ciudadanos planetarios. Todo esto tiene que hacerse, por supuesto, al interior de las reglas del libre comercio que ha impuesto el neoliberalismo a escala global. De acuerdo al informe, no sería aceptable, por ejemplo, el estímulo a desarrollos de inversiones e innovaciones en tecnologías y productos verdes si éstos generan alguna ven-taja para productores nacionales que pueda ser interpretada como de carácter proteccionista. Por lo tanto, es esencial que los países combinen y equilibren la protección del medio ambiente con la garantía del acceso a los mercados. (PNUD, p. 34)
Las políticas destinadas a la defensa del planeta tendrían cómo límite la necesidad de respetar los sagrados derechos del libre mercado.
 
IV. Sobre el reduccionismo de la economía
 
El informe reconoce que el modelo económico actual es inadecuado en la medida en que no incorpora en su cálculo de costos las externalidades, y con ello, el impacto ambiental de los procesos productivos6. Sin embargo, incapaces de mirar un poco mas allá del fundamentalismo neoliberal, no pueden siquiera plantearse la posibilidad de que puedan existir otras formas de relación de los seres humanos con su entorno, y explorar el significado de otras cosmovisiones y/o patrones culturales como los basadas en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza o de la Madre Tierra. Por el contrario, radicalizando el antropocentrismo instrumental que recorre todo el informe, buscan que los mercados incorporen todos estos otros “factores” en su cálculo económico. No se trata por lo tanto de cuestionar el que las decisiones fundamentales de la sociedad sean tomadas por “el mercado”, sino de ampliar el ámbito de información y acción del mercado para que éste incorpore a la naturaleza expresamente en su lógica devalorización. Esto exige la superación de todo los obstáculos y resistencias a la plena mercantilización de la naturaleza. Para el buen funcionamiento de los mercados todo tiene que tener un precio. Con esto se abren nuevos ámbitos de especulación y valorización del capital. Desde estos supuestos, no debe llamarnos la atención que defiendan el papel fundamental que deberían desempeñar los mercados de carbono y REDD+, con relación a los cuales ni siquiera se reconoce la existencia de polémicas, desacuerdos y resistencias.
 
V. Las múltiples ausencias
A lo largo de sus centenares de páginas, el informe del PNUMA presenta muchas reflexiones valiosas sobre posibilidades de alteraciones en los patrones productivos, en la industria, en la agricultura, en la organización de las ciudades,en los sistemas constructivos, en el transporte. Recoge igualmente una amplia gama de ricas experiencias de tecnologías alternativas, del uso de energías renovables, y de novedosos regímenes regulatorios que existen en diferentes partes del mundo. Esto permite reconocer que hay hoy en todo el planeta procesos de búsqueda de alternativas a la lógica destructora de los modelos productivos y de consumo hoy hegemónicos. Esto debe ser reconocido como una importante contribución del informe a los debates sobre las alternativas. Sin embargo,son mucho más notorias las ausencias. Correspondiendo a la lógica “light” que caracteriza a la mayor parte de los documentos de este tipo, en este informe se obvian por completo todos los asuntos más polémicos creando así una ficción de un mundo que no opera en base a intereses, sino sobre la posibilidad de construcción de consensos que beneficien a todos. Un ejemplo de los temas ausentes es el caso de la guerra y de la industria bélica, una de las dinámicas más humana y ambientalmente devastadoras existentes en el mundo actual. Tanto en términos de los masivos insumos materiales y energéticos utilizados para la fabricación y transporte de los equipos militares,como de los impactos, con consecuencias alargo plazo, de su utilización en los conflictos bélicos, se trata de una dimensión central de la lógica destructiva hoy imperante. Aparentemente se trata de un tema tabú que no pueden abordar los organismos internacionales sin ofender a los Estados Unidos.(6)
 
Pero aún más esencial es la ausencia absoluta de toda consideración del significado de las extraordinariamente desiguales relaciones de poder existentes en el mundo contemporáneo, y los intereses que están en juego en la operación de este sistema mundo. Habla el informe reiteradamente de políticas, pero nunca de política, nunca del poder. Con relación a la política, los autores se declaran neutrales, afirman que la “economía verde no favorece a una u otra corriente política, ya que es pertinente para todas las economías, tanto las controladas por el Estado como las de mercado” (PNUD, p.5). Los redactores de este informe parecen vivir en un mundo de fantasía en que los gobiernos son democráticos y toman sus decisiones sobre la base de la voluntad de las mayorías y de las necesidades del bienestar de las presentes y futuras generaciones. Parecen creer que los regímenes políticos contemporáneos y los “formuladores de políticas”, cuentan con la capacidad para imponer normas de comportamiento a las corporaciones y a los mercados financieros. Parecen suponer que el capital financiero y las empresas transnacionales que están operando como agentes activos de la acelerada devastación del planeta, no lo hacen porque esto corresponda a las formas en que buscan maximizar sus tasas de ganancia a corto plazo, sino porque no cuentan con suficiente información, o porque no reciben señales suficientemente claras por parte de los marcos regulatorios dentro de los cuales operan. Estos redactores optan por ignorar que la capacidad de los sistemas políticos contemporáneos para establecer regulaciones y restricciones ala libre operación de los mercados -aunque estás sean exigidas por una muy amplia mayoría de la población- está severamente limitada por el poder político y financiero de las corporaciones. Esto es particularmente evidente en los Estados Unidos.
 
Ninguna política de regulación ambiental, y ningún compromiso internacional, puede ser asumido por el gobierno de dicho país si no cuenta previamente con el visto bueno de las grandes corporaciones potencialmente afectadas. Estas, que, de hecho, tienen capacidad de vetar las políticas con las cuales no están de acuerdo. Esto lo han demostrado en forma contundente en el freno a todo compro-miso de los Estados Unidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las negociaciones de cambio climático de las Naciones Unidas, y la forma como han impedido la aprobación hasta de las normas ambientales más tímidas que se han propuesto en estos últimos años. Para los gobernantes, el costo político de afectar los intereses corporativos es,simplemente, demasiado elevado. En estas condiciones, el listado de recomendaciones, el conjunto de propuestas de políticas que el PNUMA pide a los gobiernos del mundo que negocien e implementen, no pasa de ser la expresión ingenua de muy buenos deseos, sin posibilidad alguna de alterar el rumbo actual del planeta. Ninguna propuesta que parta de ignorar por completo las realidades de la geopolítica contemporánea tiene posibilidad alguna de realizar aportes significativos a los retos globales que hoy enfrentamos. Esto lo tienen claro los movimientos de resistencia que luchan hoy en todo el mundo. Por ello es poco probable que se dejen entrampar con las falsas promesas de la economía verde.
 
Edgardo Lander  es sociólogo, profesor de laUniversidad Central de Venezuela.
 
Notas:
1. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, [http://upload.wikimedia.org/wikisource/en/d/d7/Our-common-future.pdf]
2. United Nations Environmental Programme (UNEP), 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, [www.unep.org/greeneconomy]
3. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza – Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. [www.unep.org/greeneconomy]
4. “El PNUMA considera que una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En su forma más básica, una economía verde sería aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente.” (PNUMA, p. 1)
5. “Quizás el mito más extendido es el que afirma que la sostenibilidad ambiental sólo puede ser obtenida a costa del progreso económico. Hoy en día existen pruebas sustanciales de que el enverdecimiento de las economías no obstaculiza la creación de riqueza ni de oportunidades laborales, y son muchos los sectores verdes que ofrecen oportunidades notables de inversión y de crecimiento en términos de riqueza y puestos de trabajo. Hay que subrayar, no obstante, que se deben crear nuevas condiciones favorables para promover la transición a la economía verde, y en este sentido los formuladores de políticas en todo el mundo han de poner manos a la obra de inmediato.” (Op. cit., pp. 2-3)
6. “Los indicadores económicos convencionales, tales como el PIB, ofrecen una imagen distorsionada del rendimiento económico, pues no reflejan el agotamiento del capital natural ocasionado por la producción y el consumo. La actividad económica se basa a menudo en la depreciación del capital natural, ocasionada por el agotamiento de los recursos naturales o la degradación de la capacidad de los ecosistemas para aportar beneficios económicos, en términos de servicios de aprovisionamiento, regulación o culturales.” (PNUMA, p. 5)

6 de octubre de 2011

¿Quién dijo que el Examen Periódico Universal es un juicio contra Venezuela?


Citas de la ONU y sus organísmos de Derechos Humanos en relación al documento presentado por Venezuela para el Examen Periódico Universal 1 .

Glosario: CERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; CRC: Convención sobre los Derechos del Niño; SNU: Sistema de Naciones Unidas.
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Acerca del marco constitucional y legislativo de Venezuela.
La CEDAW celebró la aprobación de la Constitución de 1999, que utilizaba un lenguaje no sexista, establecía la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida, e incluía disposiciones que protegían los derechos humanos de las mujeres.

El CERD acogió con satisfacción los derechos y principios contemplados en la Constitución, que establecía el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad venezolana y consagraba los derechos de los pueblos indígenas.

En 2008, once años después de su visita a Venezuela, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se mostró complacido por los progresos en la legislación relativa a la protección de los derechos humanos y, en particular, a la prevención y represión de los actos de tortura. 

Acerca de la infraestructura institucional y de derechos humanos en Venezuela
La Defensoría del Pueblo de Venezuela fue acreditada como institución de categoría "A" por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en 2002, categoría ratificada en 2008. 

En 2007 el CRC observó que Venezuela había establecido una Dirección Especial de los Derechos del Niño y del Adolescente adscrita a la Defensoría del Pueblo, pero lamentó que no estuviera presente en todo el país.

El CERD observó la creación de instituciones especializadas para luchar contra la discriminación racial.

Acerca de las medidas y políticas emprendidas por Venezuela
El SNU indicó que Venezuela había cumplido los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la reducción de la pobreza extrema y el acceso al agua potable y los sistemas de saneamiento, y que quedaban por alcanzar las metas relativas a la educación primaria universal, la igualdad de género en el acceso a la educación y la reducción de la mortalidad infantil.

El SNU manifestó que se habían realizado esfuerzos para mejorar los derechos económicos y la participación social y política de las mujeres. 

la ONU destacó la creación de instituciones y de programas sociales como el Banco Nacional de la Mujer, el programa "Vuelvan Caras" y la misión Madres del Barrio. 

El CEDAW apreció las diversas medidas adoptadas con el fin de promover el adelanto de las mujeres y lograr la igualdad con los hombres. 

Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Venezuela aportó contribuciones financieras a tres fondos de ayuda humanitaria en 2004, 2006 y 2009, y al Fondo de las Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para las víctimas de la tortura y al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para Luchar contra las Formas Contemporáneas de la Esclavitud en 2007.

Opinión de la ONU acerca de Venezuela y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos 

Igualdad y no discriminación
El CEDAW, al tiempo que tomó nota de la adopción de medidas dirigidas a combatir los estereotipos de género, observó con inquietud la persistencia de actitudes estereotipadas y modelos de comportamiento patriarcales con respecto a las funciones y responsabilidades asignados al hombre y la mujer en la familia y en la sociedad, que socavaban los derechos humanos de la mujer.

El CRC celebró la creación de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas pero observó que faltaban estadísticas relativas a la situación de la población de ascendencia africana. El Comité observó también que existían prácticas discriminatorias contra los niños afrovenezolanos.

El CRC recomendó a Venezuela que: 

1) velara por que los niños con discapacidad recibieran educación, y fomentara la inclusión de esos niños en las escuelas ordinarias;
2) realizara un estudio a fondo sobre la prevención de las discapacidades; y promoviera y ampliara los programas de rehabilitación comunitarios ya existentes, como los grupos de apoyo a los padres.

El SNU manifestó que no existían normas ni políticas que protegieran a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales del rechazo, la discriminación y las violaciones de sus derechos humanos. 

Derecho al matrimonio y a la vida familiar
El CRC acogió con satisfacción las diversas iniciativas y los logros realizados para facilitar la inscripción de los niños al nacer, como el Plan de Identidad "Yo Soy".

Derecho a la seguridad social, a la salud y a un nivel de vida adecuado
El CRC aplaudió los esfuerzos del Estado para reducir la pobreza mediante sus programas sociales, especialmente las misiones, pero señaló que le seguía reocupando que los niños continuaran siendo los principales afectados por la pobreza.

En el Marco de Asistencia de las NacionesUnidas para el Desarrollo (MANUD) 2009-2013 se señaló que, a pesar de las políticas de inclusión, las disparidades en Venezuela seguían siendo importantes. 

El CERD reiteró su preocupación ante la persistencia de desigualdades ocioeconómicas profundas y estructurales que afectaban a los afrodescendientes y a los pueblos indígenas.

El SNU expresó que se habían cumplido las metas de reducción de la pobreza extrema y mejora del acceso al agua potable y a los sistemas de saneamiento.

El SNU indicó que los esfuerzos para fortalecer el acceso de la población a alimentos en cantidad suficiente habían mejorado los niveles de nutrición.

El CRC recomendó a Venezuela que integrara la misión sanitaria Barrio Adentro y la red de salud pública de modo que se complementaran mutuamente.

El CEDAW instó a Venezuela a que garantizara el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular las jóvenes, las mujeres de zonas rurales y las mujeres indígenas y de ascendencia africana.

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la penalización de todo aborto no terapéutico, sobre todo a la luz de informes no cuestionados según los cuales muchas mujeres se sometían a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas.

Derecho a la educación
La UNESCO indicó que Venezuela reconocía que la educación era uno de los derechos humanos básicos y una obligación social fundamental del Estado.

El marco constitucional y jurídico vigente ofrecía una educación de calidad, justicia social y el respeto de los principios de no discriminación, diversidad cultural, participación, inclusión e interés superior del niño.

El SNU señaló que la tasa de alfabetización se había incrementado notablemente.

Por su parte, el SNU manifestó que, sin perjuicio de los avances logrados, quedaba por mejorar la desigual distribución de oportunidades de educación que seguían siendo menores principalmente para algunos segmentos de la población con más bajos recursos.

El CRC celebró que la educación de los niños fuera una de las principales prioridades de la política gubernamental y que se hubieran logrado evidentes progresos.

Sin embargo, al Comité le seguía preocupando que las tasas de matriculación de los niños indígenas, de ascendencia africana y de las zonas rurales fueran bajas todavía; que obstáculos burocráticos dificultaran la continuación de los estudios de los niños refugiados y solicitantes de asilo

Minorías y pueblos indígenas
El SNU reconoció que los pueblos indígenas gozaban de derechos específicos mediante los cuales se procuraba saldar la deuda histórica de colonización y discriminación.

El SNU señaló importantes avances institucionales como la creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

El CERD pidió a Venezuela que, para poner fin a la violencia relacionada con conflictos por la tierra, que afectaba principalmente a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes, adoptara medidas efectivas y urgentes que incluyeran un mecanismo de vigilancia independiente para investigar esos hechos, de tal manera que no quedaran impunes.

Además, el Comité tomó nota de los esfuerzos de Venezuela en cuanto a la demarcación de las tierras indígenas, pero señaló que le seguía preocupando que la posesión efectiva de las tierras y recursos indígenas continuara viéndose amenazada y restringida por las agresiones reiteradas por parte de individuos o grupos privados

El SNU observó que un importante avance para los afrodescendientes en Venezuela había sido la inclusión de su identificación, vía auto reconocimiento, en el Censo de Población y Vivienda 2011

Observaciones de la ONU en cuanto a logros, mejores prácticas, retos y limitaciones
El CERD observó con satisfacción que los pueblos indígenas de Venezuela estaban representados en la Asamblea Nacional por diputados elegidos por los pueblos indígenas, respetando sus usos y costumbres.

El SNU señaló que el acceso al tratamiento del VIH/SIDA era universal y gratuito y estaba garantizado sin discriminación.

El SNU señaló que, aunque se habían realizado importantes esfuerzos para garantizar el acceso a la información pública, era necesario mejorar los registros y estadísticas nacionales y poner esta información a disposición del público.

Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales esenciales

Recomendaciones específicas que deben ser objeto de seguimiento
El CERD pidió a Venezuela que, en el plazo de un año, le informara de la aplicación de sus recomendaciones, contenidas en los párrafos 14 (datos estadísticos desagregados sobre los afrodescendientes), 18 (personas indígenas o afrodescendientes asesinadas en conflictos por la tierra) y 19 (pueblos indígenas del Alto Orinoco y de las cuencas del Casiquiare y Guainía-Río Negro) de las observaciones finales.

El Comité de Derechos Humanos pidió a Venezuela que, en el plazo de un año, le proporcionara información sobre, entre otras cosas, las medidas que hubiera adoptado a la luz de las recomendaciones relativas a la tortura (párrafo 8 de las observaciones finales), la detención policial (párr. 9), las cárceles (párr. 11) y la situación del poder judicial y las normas del debido proceso (párrs. 12 a 14). Se recibieron cuatro respuestas.

El SNU formuló, entre otras, las siguientes recomendaciones:

a)Fortalecer los sistemas de información, generar estadísticas adecuadas y establecer mecanismos de monitoreo sobre acciones destinadas a la igualdad de género, soberanía alimentaria, niñez y adolescencia, medio ambiente, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas necesitadas de la protección internacional, administración de justicia y seguridad ciudadana, a fin de facilitar la rendición de cuentas y la definición de políticas adecuadas;

b) Aprobar una Ley orgánica de reforma del Registro Civil, así como legislación antidiscriminatoria y de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo;

c) Aprobar el Reglamento de la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia e introducir las reformas correspondientes en los Códigos Civil y Penal;

d) Establecer el programa formativo de jueces en materia de derechos humanos como requisito para el ingreso y la permanencia en la carrera judicial;

e)Diseñar y aplicar políticas y programas de acceso a la justicia, prestando particular atención a las personas privadas de libertad, con ayuda del SNU;

f) Generar espacios de diálogo con todos los integrantes de la sociedad organizada, independientemente de las tendencias políticas;

g)Mejorar los mecanismos necesarios para asegurar y ampliar la participación política de la mujer venezolana;

h)Aprobar la propuesta de Ley orgánica de la salud dirigida a la consecución de un sistema público nacional de salud;

i)Proporcionar documentos de identidad a todos los extranjeros solicitantes de refugio y refugiados que se ncuentren en el territorio venezolano, garantizando el principio de no devolución y otras normas internacionales.


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1.Compilación y seleción por César Aponte a partir del documento oficial de las ONU "Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la información suministrada por VENEZUELA  al Consejo de Derechos Humanos de la ONU"; el cual recopilla información que figura en los informes de los diversos organismos de tratados de Derechos Humanos, así como los procedimientos especiales, con inclusión de las observaciones y los comentarios de Venezuela, y otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas.


28 de septiembre de 2011

Wangari Maathai: La Naturaleza une a las culturas del mundo

Wangari MaathaiMurió quien fuera dadora de vida, multiplicadora de saberes y de despertares, ecológicos y políticos, e inspiración para las mujeres de Kenia y para muchos en el mundo.
 
En una visita que hiciera en 2004 al Árbol de Guernica, que es un símbolo de la libertad del pueblo Vasco, expresó: 

"Me alegra saber que aquí, como ocurre en muchos lugares de mi África natal, cuando hay problemas y necesidad de dialogar lo hacen debajo de la sagrada sombra de un árbol. Me siento muy contenta de que sientan devoción por él. Mi espíritu, la esencia de mi trabajo, está también contenida en el símbolo de un árbol. Creo que la naturaleza une a las culturas del mundo." 

Maathai estudió biología y fue la primera mujer en obtener un Doctorado en toda África Oriental. Se dedicó al activismo polítoico desde joven. Ya en 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde, organización de base, de orientación ecologista que se dedicó al fortalecimiento de las capacidades y a la organización comunitaria, principalmente de las mujeres, en torno a la siembra de árboles y la reforestación. Cinturón Verde es resconocida por la plantación de más de 47 millones de árboles en toda Kenia; campaña orientada a evitar la erosión del suelo, pero además a mejorar la calidad de vida de las mujeres que organizadas en grupos de reforestación, generaban ingresos económicos y se dedicaban al fortalecimiento de su comunidad. Una especie de Misión Árbol pero emprendida desde la base y sin el apoyo del Estado. 

Decía Maathai "Mucho más importante que los propios árboles, es la movilización de la población rural en masa - Siempre se cree que las comunidades son impotentes, dependientes, que no somos capaces de hacer cosas por nosotros mismos. Con la plantación de árboles nos organizanos y comenzamos a abordar los problemas de nuestras propias comunidades para mejorar nuestra calidad de vida. En su mejor momento, tuvimos más de 6.000 grupos de mujeres plantando árboles. En el proceso se han educado y han aprendido a abordar las cuestiones de gobierno. Eventualmente, nos convertimos en un movimiento pro-democracia."

Todo un ejemplo de que la lucha por nuestra supervivencia y por la del planeta, tienen objetivos y metas comunes. Sin duda, Maathai fue inspiración de
muchos aunque sus actividades políticas no eran del agrado del gobierno de Kenia.
Fue encarcelada varias veces durante el gobierno anterior al actual; pero en 2003, al celebrarse las primeras elecciones pluripartidistas en Kenia, el reconocimiento legítimo que el pueblo tenía de su trabajo, la hizo diputada. Posteriromente fue nombrada Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales de la presente administración.

Como parlamentaria, alentó al personal militar a que plantara árboles alrededor de sus barracas, diciéndoles "tengan un arma en una mano y un árbol en la otra". Los soldados abrazaron la causa ambientalista al ver la conexión entre defender el territorio y defender los recursos naturales de Kenia.

Este logro y toda una vida dedicada a la lucha ambiental y al desarrollo social de las mujeres africanas la hicieron merecedora del Premio Nobel de la Paz en 2004, el cual le fue otorgado por «sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz». 

Fue la primera mujer africana en recibir el premio Nóbel. Justo despues de recibirlo, Maathai produjo un revuelo entre los medios de comunicación cuando, en la rueda de prensa que seguía al anuncio del premio, sugirió que el virus HIV causante del sida era producto de la ingeniería genética y que fue posteriormente liberado en África por investigadores occidentales no identificados como un arma de destrucción masiva para «castigar a los negros». Una opinión que fue progresivamente silenciada.

La película, "echando raíces" cuenta la historia de Maathai y del Movimiento Cinturón Verde, así como de la situación política de Kenia.

20 de agosto de 2011

Los mitos del agua embotellada:



Agua pura o pura propaganda?

¿Algunas vez te has puesto a pensar que el agua embotellada te cuesta cientos,
sino miles de veces más que el mismo volumen de agua tomada del grifo?”
Tony Clarke

Recordemos las 3R ecológicas: reduzca su consumo, reutilice y recicle. La aplicación de estos principios dan al traste con el consumo del agua embotellada, negocio tan obscenamente lucrativo para sus fabricantes como contaminante para la Tierra: ni sabemos de dónde viene, ni quién la fiscaliza, ni cómo la “purifican”, ni el daño que produce a la salud el plástico donde se envasa. ¿De qué tamaño sería la montaña de plástico si los 6 mil millones de seres humanos que habitamos el planeta la consumiéramos? Esto nada importa a quienes la venden, vista la rentabilidad del negocio que pasó de ser nada hace 30 años a colocar 148 mil millones de litros anuales, según Nestlé, aunque el 75% del mercado del agua en el mundo todavía está en manos de comunidades locales. Las transnacionales van por ellas…



Una de las demandas más peleadas por los vehementes opositores de la privatización y mercantilización del agua, se hizo realidad el 18 de julio del 2010 cuando la Organización de Naciones Unidas reconoció como derecho humano el acceso al agua potable y al saneamiento. Una propuesta de Bolivia que fue avalada por otros 33 estados miembros de la ONU, donde Venezuela destacó por su importante rol de acompañamiento manifiesto hacia Bolivia y su larga lucha por lograr esta meta. Los datos de la votación son reveladores: 124 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones encabezadas por Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Japón, Australia, entre otros.


Este es un buen punto de partida del intenso enfrentamiento entre los defensores de la gestión privada empresarial y la gestión pública y colectiva de los servicios de agua potable y saneamiento. El asunto del agua embotellada podría decirse que concentra todo el debate entre la gestión de lo público y lo privado, además de desnudar el extremadamente lucrativo negocio de “transformar agua en agua” y los poderosos intereses económicos y geopolíticos que están detrás de estos procesos de “purificación” y embotellado del agua.


Uno de los activistas más conocidos de las luchas contra el agua embotellada es el canadiense Tony Clarke, fundador del Instituto Polaris, quien ha sido, junto a Maude Barlow, autor de las más importantes investigaciones y publicaciones de estudios que denuncian en qué consiste la estafa del agua embotellada y cómo operan las grandes transnacionales monopolizadoras de este negocio para convencer del consumo de este producto a personas desprevenidas, desinformadas o seducidas por la publicidad que le confiere estatus y “glamour” a quienes exhiben las botellas de agua con sus marcas. Pero, ¿por qué cada día más personas se embaucan en el consumo del agua embotellada?


Los mitos: el agua embotellada es mejor que la del acueducto público

“Embotellados: el turbio negocio del agua embotellada y la lucha por la defensa del agua” publicado en el año 2005 por primera vez en inglés y traducido al español apenas el año pasado, es un texto rigurosamente documentado por Tony Clarke que denuncia las maniobras de las cuatro “grandes” empresas transnacionales de la bebida (CocaCola, PepsiCo, Nestlé y Danone) cuyas ganancias actualmente sobrepasan los 7 billones de dólares, sólo en los Estados Unidos. De acuerdo a los estudios del Banco Mundial, la industria del agua embotellada es un sector que en 30 años (de 1970 a 2000) pasó de embotellar 1000 millones de litros a comercializar 84.000 millones de litros en todo el mundo.


Según el texto de Clarke, las tácticas de mercadeo y la manipulación de los consumidores a través de las impresionantes cifras invertidas en las campañas publicitarias son los ejes fundamentales de la rápida expansión de la llamada “cultura del agua embotellada” que mercadean y colocan sus productos como sinónimo de salud y calidad de vida, además de las campañas subliminales que infunde temor y desconfianza hacia el agua de los acueductos públicos.

A las estrategias anteriormente referidas, Clarke enumera ocho problemas clave en el debate para desmontar el turbio negocio que identifica en el robo por medio del precio, es decir, los márgenes de ganancia que ubica entre 240 y 10 mil veces más cara que el agua del tubo; el saqueo del agua o las mentiras de las etiquetas que traen las botellitas que dicen “pura de manantial”, ante lo cual cabe la pregunta: ¿de dónde viene realmente el agua? La transformación del agua o métodos de filtración y procesamiento que utilizan las empresas para transformar el agua del tubo en agua embotellada, no necesariamente garantizan que ésta sea más higiénica o “pura” que el agua de la llave cuando en realidad muchos de estos procesos químicos empobrecen o contaminan el agua además del tiempo o la exposición del plástico a condiciones climáticas extremas alteran también la calidad de producto. 

La contaminación del agua nos permite preguntarnos, según Clarke, acerca de las evidencias o garantías por las que el agua embotellada es mejor que el agua del tubo. De acuerdo a las investigaciones del experto canadiense, las empresas embotelladoras enfrentan inspecciones una vez cada 3 o 6 años —dependiendo del país, y se refiere básicamente a los industrializados— cuando generalmente las leyes, reglamentos e inspecciones de los acueductos públicos son más estrictas y amplias que las que regulan a estas empresas privadas, las cuales prácticamente no son auditadas.
Las amenazas ambientales y los antecedentes de los procesos de reciclaje de las grandes empresas de bebidas que monopolizan el mercado del agua embotellada son nefastas, no sólo por lo extremadamente contaminantes en su fabricación y desecho, sino que se oponen a cualquier tipo de legislación que pretenda regularlos, además de las manipuladoras imágenes saludables/verdes y logotipos engañosos en sus envases y etiquetas que lleva a los 
consumidores a pensar que el producto puede ser reciclado cuando esto es totalmente falso.


Clarke toca un punto hasta ahora desconocido y poco publicitado en nuestro contexto y son los contratos de exclusividad de venta en recintos de educación básica, media y universitaria que realizan estas empresas de bebidas gaseosas y agua embotellada en forma secreta para audiencias cautivas y vulnerables por su corta edad y en proceso de formación de hábitos.

El último y no menos polémico problema que expone Tony Clarke en su texto “Embotellados…” se refiere a la privatización del agua como meta final de las empresas transnacionales que mantienen una campaña férrea de dudas, sospechas y acusaciones sobre la gestión pública de los acueductos como la mejor forma de reforzar y colocar sus productos bajo la premisa de ofrecer “agua sana y limpia”, además de atenuar la percepción de robo en las personas cuando pagan un sobreprecio obsceno por una pequeña cantidad de agua, lo que además, agrega un perturbador ruido y distorsión a las tarifas de los acueductos públicos.



Vienen por nuestro mercado

Vandana Shiva, ecofeminista y doctora en física nacida en la India es una pensadora y activista reconocida mundialmente por sus luchas contra los tratados de libre comercio coercitivo y lo que ella ha llamado “la guerra del agua”, que tal como lo demuestran claramente sus investigaciones, no es cosa del futuro sino de los días que corren.
“La solución ofrecida por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio para combatir la escasez de agua producida por el desarrollo no-sostenible del agua y una profundización de la división hidrológica; lleva a las corporaciones a controlar los abastecimientos de agua y a una especulación mayor que su justa distribución”1, ha afirmado la experta india quien sostiene desde hace décadas una campaña contra la privatización de los recursos naturales y la hegemonía de las grandes corporaciones del agua y la tierra como CocaCola y Monsanto en detrimento de las mayorías pobres.
Esto pareciera estar lejos de nuestra realidad, pero no podemos llamarnos a engaños. De acuerdo a las cifras publicadas en “Embotellados…”, nuestra región estaría en la mira de una de las llamadas “cuatro grandes” transnacionales como CocaCola (FEMSA) al ser México el segundo consumidor total y per cápita de agua embotellada del mundo. Esta se constituye como una excepcional plataforma para penetrar el mercado latinoamericano. Brasil es el cuarto mercado de agua embotellada más importante del planeta, de manera que junto a México forma parte de sus territorios conquistados y en plena expansión a través de agresivas campañas de mercadeo directo y por emplazamiento (películas, novelas, series distribuidas en señal de tv pagada o por cable) y muchas otras estrategias potenciadas por el idioma común.




Las 3R + 1: reducir, reutilizar, reciclar y Resistir

Hemos constatado que el problema del agua embotellada es un asunto político, económico y cultural, de nuestros hábitos y patrones de consumo. Al enterarnos de esta realidad, podemos tomar algunas decisiones que nos permitan combatir directamente los consumos irracionales, contaminantes y no sustentables para la vida del planeta. Pero además, no basta con resistir, también nos apoyamos en las leyes y reglamentos que, en el caso de Venezuela, consagran al agua como bien de dominio público no privatizable, elemento insustituible para la vida y factor de paz, soberanía y desarrollo de los pueblos.


La propuesta de Tony Clarke y un conjunto de activistas y luchadores sociales que tienen que vérselas con realidades muy diferentes de la nuestra, claman por tareas que en Venezuela están bastante adelantadas desde 1999 a esta parte: la reconstrucción de los sistemas de agua potable, el control del saqueo del agua que hacen las empresas transnacionales —que no sufrimos en nuestros país—, las garantías de calidad y limpieza del agua —cuyo acceso domiciliario está garantizado en Venezuela al 98% de la población—, el reciclaje de las botellas de plástico que es materia pendiente en programas y proyectos de difusión y aplicación masiva por parte de los gobiernos locales; el establecimiento de reglas sobre el derecho del público a saber de dónde proviene el agua y cómo es tratada para su consumo humano; la certificación de marcas de agua saludables, competencia que está en manos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y que requiere actualización y finalmente, el fortalecimiento de las instancias e instrumentos regulatorios, que ya existen en nuestro país, como el Comité Técnico Nacional de Calidad de Agua con participación de las universidades y el sector privado, que se encarga de fiscalizar y auditar los distintos cuerpos de agua así como los laboratorios que hacen dichos estudios.

Diana Ovalles Márquez

1 Shiva, Vandana. Las Nuevas Guerras de la Globalización. Semillas, agua y formas de vida. Editorial Popular, Madrid. s/f

VIDEO: Historia del Agua Embotelada (otro invento capitalista)