EL OBTENTOR DE LAS SEMILLAS Y SU PECADO ORIGINAL
Andrés Avellaneda
En este proceso de movilización contra los transgénicos, activado
por las reiteradas manifestaciones de emplazamiento para ser usados en
Venezuela, por parte de la organización empresarial FEDEAGRO; surge desde el
parlamento la propuesta de revisión de la Ley de semillas, materiales para la
reproducción animal e insumos biológicos y/o la creación de una nueva ley de
semillas; bajo la justificación de garantizar el suministro de semillas certificadas
e incluso hacer otra ley de fertilizantes
(http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/83345/diputado-urena-ley-de-semillas-busca-fortalecer-acceso-a-insumos-para-produccion/).
Ante la coincidencia en tiempo y espacio de ambos planteamientos, por supuesto
se ha generado la suspicacia y activación de colectivos y movimientos de las
fuerzas populares.
Desde C.A.R.I.A.C.O. nuestro modo de ver y así lo hemos expuesto en
los escenarios de lucha, el tema de los transgénicos parece un pote de humo, por ahora, para negociar y obligar a
discutir una ley de semillas, que garantizará amarrarnos aún más a los sistemas
de producción de la Rockefeller y ordenados desde el imperio científico técnico
del CGIAR; a la apropiación, mercantilización, patentización de semillas y el
uso de insumos agrotóxicos (fertilizantes); así como hacerse de todas las
semillas indocampesina con su preciado acervo cultural, sus bondades de adaptación, propagación, resistencia, su
variabilidad, su diversidad, características envidiables y apetecibles ante un
mundo que se presenta caótico, por los desequilibrios causados a la madre
naturaleza. Debemos ampliar el debate y el tino de nuestras luchas; no encerrarnos
en la lucha pues, el problema no sólo son los transgénicos y la Monsanto (esta
tiene muchísimas fachadas y vías).
Creemos se debe debatir
(en ese gran debate al que hemos llamado) acerca de la pertinencia o no, de una
ley que privatiza las semillas, e incluya para rematar, a las semillas
indocampesinas, esas que cimarronean desde los saberes y haceres de la
agricultura indocampesina; ¿será conveniente que legislen sobre ellas?, ¿le van
a aplicar las “normas de certificación” que favorecen a las empresas privadas y
al malinchismo agroprofesional público y privado? Al legislar sobre ellas, ¿que
consecuencias traerá en este marasmo contradictorio de leyes nacionales e
internacionales y esa especie de supraconstitucionalidad en que se han
convertidos los convenios internacionales? ¿Quién, cómo y con qué criterio se
validaran los miles de hacedores indocampesinos de semillas? ¿Cómo evaluaran
para certificar el comportamiento local de las semillas?
Si el gran debate resulta
en legislar para privatizar las semillas, es un error acuñar las semillas indocampesinas
con toda su carga cultural, en una ley descontextualizada, ajena, estructurada
para privilegiar a las semillas obtenidas por agroempresariales. Los ajustes
que se pretenden hacer a la ley original (G.O. 37.552 del 18 de octubre de
2002), sólo eliminando frases y adicionando conceptos, etc., no cambia la
concepción de la misma: fitomejoradores; obtentores; empresas; certificación;
omg; Inst. Nac. Semillas; es la reproducción del modelo Rockefeller-CGIAR;
meter allí a las semillas indocampesinas, es incompatible y hacerle el juego al
modelo agroempresarial internacional o nacional, privado o “público” para
seguirse apropiando de las semillas autóctonas.
En este caso, habría que crear
un instrumento legal contextualizado a las semillas indocampesinas, que la
proteja y defienda nacional y supranacionalmente, como patrimonio y derecho de
los pueblos a su autodeterminación y soberanía; nutrida con otras leyes, como la
ley de patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo.
En los borradores de ley
que han salido a chorritos a la luz pública, sinceramente no vemos mayor hincapié
hacia los transgénicos, con los cuales estamos abiertamente en contra, eso debe
desaparecer de esa ley; pero lo que poco se ha debatido es acerca de la “protección
del derecho de obtentor de semillas”. Hay un sagaz juego de palabras de
obtentor, creación genética, germoplasma, variedades, cultivar, que legaliza la
actuación empresarial. Es bien sabido y concebido a nivel mundial, que todo lo
“lícito” montado a partir de lo ilícito, es ilegal e ilegítimo. He aquí el
fondo del asunto.
¿De dónde nace el derecho
de los “obtentores y/o fitomejoradores”? de una actividad encubierta de
biopiratería y bioespionaje con fachada “de trabajos científicos”. Véase en los anexos, que un grupo de
“investigadores” pertenecientes a la National Academy of Sciences-National
Research Council y la Fundación Rockefeller, colectaron en Venezuela las
denominadas razas de maíces, y agradecieron (Ackowledgments) a los productores
(campesinos y originarios) por haber permitido que su maíz fuera colectado.
Todas estas razas de maíces fueron a parar al exterior, para ser trabajadas por
los fitomejoradores (Obtentores) y ser reintroducidas como semillas comerciales
(obtenidas). Sobre la buena fe de los campesinos y pueblos originarios actuaron
deliberadamente y con alevosía. El lenguaje especializado cambió razas, por
variedades, cultivares, obtenidos por los fitomejoradores y en la ley aseguran
su derecho, y ¿quién vela por los derechos de los hacedores o creadores culturales
de las semillas indocampesinas? Se puede obtener algo heredado, encontrado,
comprado, robado, saqueado, despojado; entonces, ¿cual derecho debe ser privilegiado
el del creador cultural o el del obtentor? La lógica capitalista de la ley la
lleva a privilegiar y proteger al que gastó dinero en la obtención a partir del
saqueo primigenio y no de la justicia históricocultural.
A nuestro modo de ver
desde allí debe partir la discusión, desde la legalidad y legitimidad
históricocultural, desde la develación de la dominación del modelo agroindustrial
capitalista extractivista y su incompatibilidad con la revolución, si ésta es
antiimperialista, bolivariana, socialista.
Andrés Avellaneda es profesor del IDECYT-UNESR y Miembro del C.A.R.I.A.C.O.
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