24
de febrero de 2014
Situación
de los derechos humanos en la coyuntura venezolana:
Una
mirada alternativa
Los/as
abajo
firmantes,
activistas
y
militantes
de
los
derechos
humanos
que
por
décadas
hemos
hecho
vida
en
organizaciones
de
derechos
humanos
venezolanas,
nos
pronunciamos
sobre
la
actual
coyuntura
venezolana,
en
los
siguientes
términos:
Sobre
la instrumentalización del discurso de los derechos humanos
En
2003,
Amnistía
Internacional
alertó
sobre
la
instrumentalización
del
discurso
de
los
DD.HH
en
Venezuela1.
Tal
alerta
mantiene
su
vigencia,
en
el
actual
conflicto
venezolano.
Vemos
con
preocupación
cómo
desde
sectores
de
oposición
se
intenta
posicionar
una
matriz
de
opinión
según
la
cual,
en
Venezuela,
unos
jóvenes
que
ejercen
su
derecho
a
la
protesta
pacífica,
son
reprimidos
y
asesinados
por
el
Estado
y
grupos
parapoliciales,
en
una
situación
generalizada
y
sistemática
de
violación
a
los
derechos
humanos.
Tal
matriz
tiene,
evidentemente,
la
intención
de
deslegitimar
al
Gobierno
del
Presidente
Maduro,
nacional
e
internacionalmente,
y
forzar
una
“salida”2 no
prevista
en
la
Constitución.
Los
derechos
humanos,
en
esta
estrategia,
están
siendo
usados
como
un
instrumento
para
debilitar
a
un
gobierno
electo
democráticamente
y,
con
ello,
para
vulnerar
el
derecho
a
elegir
de
la
mayoría
de
la
población
que
se
expresó
en
las
elecciones
presidenciales
de
abril
tanto
como
en
las
regionales
de
diciembre
de
2013.
Sobre
las víctimas
Seguimos
con
preocupación
las
informaciones
sobre
violaciones
a derechos
humanos y
la escalada
de
violencia
de los
últimos
días. En
particular,
nos
referimos
en este
documento a
las
denuncias
de
lesionados
y
maltratados
por
funcionarios
policiales
y
militares,
así como
a personas
asesinadas,
bien por
particulares,
bien por
agentes de
los cuerpos
de
seguridad.
En
documento
posteriore
nos
referiremos
también al
derecho a
la libertad
personal.
Sobre
víctimas fatales, el análisis de la información disponible arroja
claros indicios sobre el origen múltiple de la violencia. Hasta
ahora hemos conocido los siguientes casos:
1.
Montoya,
Juan
(40),
12.02.14,
Caracas.
Dirigente
chavista
de
la
popular
zona
del
“23
de
Enero”,
en
el
oeste
de
Caracas. Muerte
por
herida
de
arma
de
fuego
en
circunstancias
actualmente
investigadas
y
atribuidas
a
funcionarios
del
Servicio
Bolivariano
de
Inteligencia
(SEBIN)
que
incumplieron
la
orden
de
acuartelamiento3.
Los
funcionarios
involucrados
ya
fueron
puestos
a
la
orden
de
la
FGR.
2.
Dacosta,
Bassil
(24),
12.02.14,
Caracas.
Joven
trabajador
que
participaba
en
la
primera
marcha
opositora
que
se
inició
pacíficamente
y
se
tornó
violenta
en
las
puertas
de
la
FGR,
en
la
capital.
Cae
en
la
misma
calle
que
Juan
Montoya,
con
pocos
minutos
de
diferencia
y,
según
denunció
el
alto
gobierno4,
por
disparos
realizados
por
los
mismos
sospechosos.
3.
Redman, Roberto (28), 12.02.14, Caracas. Manifestante que levantó el
cuerpo de Dacosta y fue asesinado horas más tarde, en medio de una
protesta en el municipio Chacao, al este de Caracas. Algunos testigos
atribuyen su muerte a civiles armados.
4.
Méndez, José Ernesto (17), 12.02.14, Cumaná, Edo. Sucre. Falleció
por severas heridas en la cabeza luego de ser atropellado por un
vehículo particular. Según la versión inicial, ocurrió durante
una protesta de estudiantes que mantenían cortada una avenida de la
ciudad, aunque informaciones de la Fiscalía indican que se trataba
de un hecho no ligado a las manifestaciones, el mismo presidente
Maduro lo incluyó entre las víctimas de los hechos violentos.
5.
Carmona, Génesis (22), Valencia, Edo. Carabobo. 19.02.14. Asesinada
por un disparo por la espalda mientras participaba en una
manifestación de oposición. Las experticias determinaron que el
disparo provino desde donde estaban los manifestantes que acompañaban
a la joven.
6.
Castillo, Ángel (36), Ciudad Guayana, Edo. Bolívar, 20.02.14.
Obrero de Sidor. Murió poco después de recibir un disparo en el
cuello mientras se encontraba con otros compañeros, al término de
una marcha por la paz organizada por el chavismo. El ataque provino
de un edificio que fue allanado y en el cual se encontró un arsenal
de armas cortas y largas.
7.
Martínez, Arturo Alexis (54), Barquisimeto, Edo. Lara. Militante
chavista, hermano del diputado nacional del PSUV Armando Martínez.
Murió por un disparo efectuado desde un edificio cuando se
encontraba despejando lo restos de una barricada para pasar con su
automóvil rumbo a su trabajo.
8.
Pedroza, Santiago Enrique (29), 21.02.14. Mcpio. Sucre, Edo. Miranda.
Se desplazaba a bordo de su motocicleta por una céntrica avenida,
cuando fue degollado por una guaya de metal colocada en el lugar por
los manifestantes de oposición.
9.
Lobo, Delia Elena (37), 21.02.14. Mérida, Edo. Mérida. Murió a
consecuencia de graves lesiones sufridas, cuando la moto en que
viajaba con uno de sus hijos cruzó una trampa de alambre con púas
colocada por manifestantes de oposición.
10.
Márquez,
Alejandro
(43),
Caracas,
21.02.14.
Murió
a
consecuencia
de
golpes
en
la
cabeza,
propinados
por
funcionarios
de
la
GNB
que
reprimieron
una
manifestación
vecinal
en
la
que
participaba
la
víctima.
Siete
funcionarios
de
la
GNB
son
investigados
por
este
hecho5.
11.
Moreno Orozco, Geraldine (23), Naguanagua, Edo. Carabobo, 22.02.14.
Según la denuncias de familiares y testigos, murió a consecuencia
de un disparo de perdigones de plástico, efectuado por funcionarios
de la GNB en medio de una manifestación en la que la víctima
participaba, el pasado 19.02.14.
En
resumen,
cuatro
de
las
víctimas
fatales
han
sido
atribuidas
a
los
cuerpos
de
seguridad6
y
las
otras
siete,
a
la
acción
de
otros
civiles.
Lamentamos
todas
estas
muertes,
en
los
mismos
términos,
y
exigimos
a
los
Poderes
Públicos
el
esclarecimiento
de
los
hechos,
la
sanción
a
los
responsables7
y
la
modificación
de
las
condiciones
que
hicieron
posible
esas
muertes.
Lo
mismo
exigimos
para
las
denuncias
ventiladas
en
medios
nacionales,
que
incluyen
testimonios
de
torturas
y
malos
tratos
infligidas
a
jóvenes
detenidos
en
el
estado
Carabobo;
así
como
para
los
daños
causados
por
manifestantes
que
vienen
ejerciendo
la
violencia
contra
bienes
privados
y,
sobre
todo,
contra
servicios
públicos
básicos;
entre
ellos:
el
sistema
de
transporte
Metro
de
Caracas8,
la
cadena
de
alimentación
Pdval9,
la
empresa
nacional
de
telecomunicaciones,
Cantv10,
e
instalaciones
eléctricas11.
Sobre el
origen de la protesta y sus protagonistas
A
finales
de
enero
se
produce
un
hecho
inédito,
en
el
escenario
de
polarización
que
ha
caracterizado
al
país
en
los
últimos
años:
líderes
de
oposición
y
Gobierno
deciden
trabajar
coordinadamente
en
materia
de
seguridad
ciudadana,
a
partir
del
llamado
del
Ejecutivo
al
diálogo
para
la
construcción
de
una
agenda
nacional.
Al
mismo
tiempo,
el
Gobierno
tomó
un
conjunto
de
medidas
para
disminuir
la
especulación
y
el
desabastecimiento,
de
atención
prioritaria
y
urgente.
En
los
primeros
días
de
febrero,
con
el
proceso
de
diálogo
en
marcha,
se
producen
los
primeros
hechos
de
violencia
en
el
estado
Táchira,
de
importancia
estratégica
por
su
ubicación
como
epicentro
del
contrabando
de
productos
básicos
hacia
Colombia.
Estos
hechos
coinciden
con
el
llamado
a
tomar
las
calles
para
forzar
la
salida
del
gobierno
constitucional
realizado
por
la
diputada
María
Corina
Machado
y
el
líder
del
partido
opositor
Voluntad
Popular,
Leopoldo
López12.
En
la víspera del 12 de febrero, el llamado del movimiento estudiantil
opositor era a marchar por la libertad de los detenidos por los
sucesos del Táchira. Esta jornada, que comenzó pacíficamente,
derivó en una espiral de violencia que se replicó hasta los últimos
días. Rápidamente, la consigna inicial fue sustituida por el
llamado a copar las calles para forzar la salida del actual gobierno.
Sin
duda,
en
manifestaciones
como
las
aquí
analizadas,
hay
participantes
con
intenciones
pacíficas,
mientras
otros
revelan
con
sus
acciones
el
objetivo
de
agitar
la
violencia13.
Al
igual
que
en
coyunturas
recientes,
estas
jornadas
acaban
respondiendo
a
la
agenda
político-partidista
que
busca
forzar
una
salida
anticipada
del
gobierno
actual.
Este
carácter
también
explicaría
la
concentración
de
manifestaciones
en
los
estados
y
en
las
zonas
de
la
capital
donde
la
oposición
tiene
mayor
número
de
adeptos.
Como
era
predecible,
estas
jornadas
interrumpieron
el
diálogo
entre
Gobierno
y
oposición.
Sobre
la criminalización de sectores civiles
Otro
elemento a destacar, a partir del registro de víctimas fatales, es
la criminalización de la vaga figura de los “colectivos armados”
o “colectivos chavistas motorizados”, presentados como grupos
parapoliciales. Durante estos días han circulado en medios masivos
y redes sociales versiones que señalan a estos grupos como
responsables de graves delitos, en supuestos enfrentamientos con los
manifestantes de oposición.
Es
cierto
que,
desde
hace
más
de
tres
décadas
existen
en
algunos
pocos
lugares
del
país
grupúsculos
de
izquierda
que
reivindican
la
lucha
armada,
la
mayoría
de
los
cuales
ha
manifestado
sus
simpatías
con
el
Gobierno
Bolivariano.
Frente
a
su
carácter
“armado”
el
presidente
Chávez
fue
enfático,
en
repetidas
ocasiones,
en
reivindicar
el
monopolio
de
la
fuerza
por
parte
del
Estado
y
señalarles
que
debían
correr
con
las
consecuencias
de
colocarse
al
margen
de
la
ley14.
El
Presidente
Nicolás
Maduro
ha
mantenido
la
misma
línea.
Recientemente
señaló
sobre
la
presencia
de
civiles
armados
en
manifestaciones:
“gente
de
carácter
civil
que
estaba
ahí…
ya
están
buscando
a
algunos
que
está
comprobado
que
dispararon.
Presos
tienen
que
ir.
Primero
no
tenían
que
estar
ahí
ni
de
broma,
y
armados
menos
y
disparando
menos.
Cuidado
con
infiltrados”15.
La
presencia
de algunos
civiles
armados en
manifestaciones
de la
oposición
ha generado
la
demonización
de
cualquier
motorizado
de los
sectores
populares o
colectivo
que
simpatice
con el
chavismo.
Así se
han
justificado
dispositivos
como las
guayas
(alambres)
extendidas
en calles
y avenidas,
a una
altura de
1,20m
aproximadamente,
que ya
han cobrado
dos
víctimas
fatales.
Por
lo antes expuesto:
- Exigimos, a los poderes públicos, la continuidad de las investigaciones de todas las denuncias de violaciones a derechos humanos hasta sus últimas consecuencias.
- Rechazamos contundentemente las actuaciones contrarias a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, que han ocurrido en algunas de las manifestaciones de la oposición. Se trata de actuaciones al margen del nuevo paradigma de seguridad promovido desde el mismo Gobierno y consagrado en el Plan de la Patria.
- Rechazamos cualquier llamado de las fuerzas políticas de oposición a desconocer los canales constitucionalmente legítimos para forzar una salida anticipada del actual gobierno. Sus acciones no sólo se expresan contra la institucionalidad democrática sino también, de manera directa, contra la mayoría de la población que ha respaldado a la tolda de gobierno en dieciocho procesos electorales nacionales.
- Convocamos a la población a no caer en provocaciones de ningún sector político que auspicie la violencia como forma de acción reivindicativa y a denunciar a tales actores ante las autoridades competentes.
- Respaldamos el llamado al diálogo nacional y exhortamos a todas las partes a participar activamente, en aras de dirimir las diferencias políticas de manera responsable, dentro de las reglas de la democracia y del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
- Rechazamos la injerencia y el intervencionismo de países extranjeros en los conflictos que deben resolver la sociedad venezolana y sus instituciones democráticas.
- Condenamos la manipulación que desde algunos medios de comunicación social nacionales e internacionales, así como desde organizaciones de la autodenominada “sociedad civil” se ha hecho de la situación, presentando una sesgada e inescrupulosa imagen de la realidad nacional, que alienta la violencia y la confrontación al invisibilizar las responsabilidades de algunos de los actores del conflicto. Y alentamos a la comunidad internacional y en especial, a las organizaciones de derechos humanos, a contrastar y confirmar las informaciones provenientes sobre Venezuela.
Firman
1.
Ana Barrios, C.I. 5.451.122, Miembra del equipo coordinador de
(Provea 1990-1995). Integrante de Amnistía Internacional Venezuela
(2004-2009). Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz (2000-actual).
2.
Marieva Caguaripano, C.I. 10.378016. Comunicadora. Coordinadora del
área de Comunicación e Información, Miembro del Equipo
Coordinador, Provea (1990, 1995). Productora de campañas de
prevención y concientización sobre embarazo adolescente y violencia
doméstica (2010 - 2012).
3.
Alba
Carosio,
C.I.
11858059.
Feminista,
Coordinadora
de
Investigación
del
Centro
de
Estudios
de
la
Mujer
de
la
Universidad
Central
de
Venezuela.
Actualmente
activa
en
la
Red
de
Colectivos
La
Araña
Feminista.
4.
Cristóbal
Cornieles
Perret
Gentil.
C.I.
10.817.524.
Abogado.
Miembro
de
la
Asamblea
de
la
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz
(2006
-);
Miembro
Consultivo
de
CECODAP
(1999
‐2007);
Integrante
del
equipo
de
defensa
jurídica
de
ACCSI
(1999
‐2000);
Integrante
del
Colectivo
de
Atención
Integral
a
los
Trabajadores
(Aportes,
1995-
1998)
e
Integrante
de
Provea
(1994-
1995).
5.
Luis
Díaz,
C.I.
11.488.047.
Investigador.
Centro
para
la
Paz
y
los
Derechos
Humanos.
Universidad
Central
de
Venezuela. 1996
-
2009.
6.
Michael Adolfo Díaz Mendoza, C.I. 17.066.609. Abogado y activista de
DDHH. Colaborador del Centro de Apoyo Comunidad Universidad
CEA-UC (2000-2008), miembro del Colectivo de Educación e
Investigación para el Desarrollo Social - CEIDES (2008-2010).
7.
Isamar
Escalona,
C.I.
7.981.055.
Responsable
de
Grupos
y
Redes.
Área
de
Educación
Provea
(2000-2006).
8.
Pedro
Pablo
Fanega,
C.I.
6.241.410.
miembro
de
del
Centro
de
Organización
Comunitaria
y
Derechos
Humanos
del
Estado
Vargas,
Codehva
(2004-2007).
Miembro
de
la
Comisión
Nacional
para
la
Reforma
Policial
(2006-2007).
9.
Pablo Fernández Blanco, C.I.
23.527.749,
Integrante
y
Coordinador
del
Programa
de
Educación
en
DDHH
(1996-2005)
y
Coordinador
General
(2006-2012)
de
la Red de Apoyo por
la Justicia y la Paz.
10.
Judith
Galarza
Campos.
Afectada
por
la
desaparición
forzada
por
motivos
políticos
de
su
hermana
Leticia
Galarza,
efectuada
en
D.F.
en
México, el
5
de
enero
de
1978. Fundadora
del
Comité
Independiente
de
Chihuahua
pro
defensa
de
los
derechos
humanos
y
AFADEM.
Actualmente
Secretaria
Ejecutiva
de
la
Federación
Latinoamericana
de
Familiares
de
Detenidos
Desparecidos
(Fedefam).
11.
Jesús
Chucho
García.
C.I.
4.168.353.
Fundación
Afroamérica
y
La
Diáspora
Africana.
12.
Iván
González
Alvarado,
C.I:
7.379.876.
Miembro
de
la
Asamblea
y
Consultivo
Provea
(1994
-
2013).
13.
Enrique
González,
C.I.
29.525.916,
miembro
de
Provea
(1995-1999),
ACCSI
(2000-2001),
investigador
con
Cecodap
(2002-2003).
14.
Antonio J. González Plessmann, C.I. 10.866.332, Miembro del Equipo
Coordinador de Provea (1999 - 2005). Miembro Asociado de la Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz (2005 - actual).
15.
Martha
Lía
Grajales
Pineda,
C.I.
29.565.914.
Coordinadora
Programa
Educación
en
DDHH
-
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz
(2008
-2009);
integrante
de
la
Asamblea
de
la
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz.
16.
Alejandra
Guédez, C.I.
13.748.311.
Antropóloga, productora
audiovisual
e
investigadora,
con
experiencia
en
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes, consejos
comunales,
cultores
populares, adolescentes
embarazadas,
niños,
niñas
y
jóvenes.
17.
Maryluz
Guillén
Rodríguez,
C.I.
11.557.841.
Internacionalista,
miembra
de
la
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz
(1993-actualmente).
Investigadora
y
docente
de
la
Escuela
de
DD.HH
"Juan
Vives
Suria"
de
la
Defensoría
del
Pueblo.
18.
Erick
Gutiérrez
García,
C.I.
6.976.990.
Abogado,
voluntario
de
Clínicas
Jurídicas
(1987). Investigador
de
Provea.
Secretario
ejecutivo
del
Capitulo
venezolano
de
la
Plataforma
Interamericana
de
DD.HH.,
Democracia
y
Desarrollo
(PIDDDH).
Investigador
y
docente
de
la
Escuela
de
Derechos
Humanos
de
la
Defensoría
del
Pueblo.
19.
Héctor
Gutiérrez
García,
C.I.
6976989.
Docente
e
investigador
de
la
Escuela
DD.HH
Juan
Vives
Suria
2011-2014.
20.
María
Lucrecia
Hernández,
C.I.
26.783.758,
abogada
y
activista
de
derechos
humanos.
21.
María
Paula
Herrero,
C.I.
14.444.733,
ejecutora
del
área
de
Comunicación
e
Información,
Provea
(1989,
1996).
22.
Antonio
J.
Marasciulo
Davies,
C.I.
15.394.380. Criminólogo, asesor
jurídico,
miembro
del
equipo
fundacional
de
la
UNES
(2010
hasta
2012).
23.
Elba
Martínez
Vargas.
C.I.
6.914.739.
Internacionalista.
Gerente
del
Proyecto
de
Educación
en
Derechos
Humanos
de
la
Sección
Venezolana
de
Amnistía
Internacional
(1992-1993).
Miembra
del
equipo
de
Provea
(1994-1996).
24.
África
Matute,
C.I.
18.011.961.
Abogada
y
activista
de
DDHH,
integrante
del
Programa
de
atención
integral
a
personas
víctimas,
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz
(2010
-
2013).
25.
Lilian
Montero
Rodríguez,
C.I.
6.427.029.
Socióloga
y
abogada;
promotora
y
defensora
de
los
derechos
de
niños,
niñas
y
adolescentes.
Cecodap
(1991-2007),
Coordinadora
del
Área
de
Derechos
Colectivos
y
Difusos
del
Consejo
Nacional
de
los
Derechos
del
Niño,
Niña
y
Adolescente
(1999-2000);
Miembro
de
la
Asamblea
de
la
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz
(2009-2014).
26.
Vicmar
Morillo
Gil,
C.
I.
7958276.
Ejecutora
del
Área
de
Información
e
Investigación
de
Provea
(1993-1999/2000-2004).
Integrante
de
la
Asamblea
de
la
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz.
27.
María
Teresa
Quispe,
C.I.
82.026.345. Coordinadora
General
del
grupo
de
trabajo
socioambiental
para
la
Amazonía
"Wataniba".
28.
Maureen
Riveros,
C.I.
6.280.434.
Comunicadora
y activista
de
DDHH,
Comité
contra
el
olvido
y
por
la
vida.
Provea
(1999
-
2006).
29.
Ileana
Ruiz,
C.I. 6.084.832. Comunicadora
Social y
miembro
de
la
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz
desde
1987:
Educación
en
derechos
humanos,
comunicación
popular,
uso
alternativo
del
derecho
y
rehabilitación
de
víctimas
de
tortura.
30.
Bárbara
Tineo
Toro,
C.I.
14.531.267.
Trabajadora
social
y
activista
de
DD.HH.
31.
Justino
Urbina
Vargas,
C.I.
4.233.937,
Educador
y
Comunicador
Popular,
miembro
fundador
de
Provea
y
miembro
activo
de
esa
organización
(1989
y
1995).
32.
Belkis
Urdaneta,
C.I.
9.740.076.
Miembro
asociada
de
la
Red
de
apoyo
por
la
justicia y
la
paz
(1995-2014).
33.
Rosinés
Villalobos
León, C.I.
10.474.725.
Integrante
de
la
Red
de
Apoyo
por
la
Justicia
y
la
Paz,
(1996 –
2005).
34.
Asia Villegas
Poljak, C.I. 6.355.311.
Dra.
en
Ciencias
Médicas. Activista
del
movimiento
de
mujeres,
en
materia
de
salud
y
derechos
sexuales
y
reproductivos
de
la
mujer. Defensora
especial
con
competencia
nacional
en
las
áreas
de
salud
y
seguridad
social
de
la
Defensoría
del
Pueblo
(2003
-
2004). Coordinadora
de
la
comisión
de
derechos
humanos
y
garantías
constitucionales
de
la Asamblea Constituyente
(1999).
1
Amnistía
Internacional,
“Venezuela:
Una
Agenda
de
Derechos
Humanos
ante
la
crisis
actual”.
2003.
5
Días
después,
el
Presidente
de
la
Asamblea
Nacional,
Diosdado
Cabello,
sugirió
que
Márquez
habría
sido
asesinado
por
un
grupo
paramilitar
al
cual
él
mismo
pertenecía.
Cabello
mostró
imágenes
de
redes
sociales
que
presentan
a
Márquez
portando
fusiles
en
supuestos
entrenamientos
paramilitares.
6
Al
respecto,
abunda
información
en
los
medios
masivos.
Citamos
algunos:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/funcionario-del-sebin-que-disparo-el-12-f-esta-det.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/murio-geraldine-moreno-estudiante-que-fue-herida-e.aspx
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140221/fallecio-ingeniero-golpeado-en-manifestaciones-de-la-candelaria
7
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/223727/?ppp
y
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/funcionario-del-sebin-que-disparo-el-12-f-esta-det.aspx
8
http://www.mtt.gob.ve/?p=2164
y
http://globovision.com/articulo/el-troudi-denuncia-agresiones-a-trabajadores-y-danos-en-el-metro-de-caracas
10
http://www.tecnoinforme.com/2014/02/21/trabajadores-de-cantv-repudian-ataques-a-sus-instalaciones/
11
http://www.entornointeligente.com/articulo/2082414/GLOBALES-En-fotos-Destrozos-de-grupos-violentos-a-instalaciones-electricas-de-Venezuela-
12
(http://diariodecaracas.com/politica/leopoldo-lopez-maria-corina-machado-haran-anuncios-importantes-hoy-lasalida)
13
http://m.eluniversal.com/nacional-y-politica/140222/cabello-anuncio-la-incautacion-de-360-bombas-molotov-en-carabobo
Estimados señores y señoras:
ResponderEliminarDicen que les preocupa "la criminalización de la vaga figura de los “colectivos armados” o “colectivos chavistas motorizados”, presentados como grupos parapoliciales." Lástima que no haya un reportero siempre a la mano, aunque no hay imagen alguna que haga ver al que no quiere ver:
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140403/grupos-armados-generaron-violencia-en-los-espacios-de-la-ucv
http://www.el-nacional.com/caracas/Grupos-GNB-atacaron-estudiantes-UCV_0_384561786.html
Sé que hay manipulación mediática, es indiscutible, pero la manipulación no es de un solo lado. Desde los medios del PSUV, los que impulsan la violencia son presentados siempre como víctimas inmaculadas (http://aporrea.org/oposicion/n248395.html), aunque ellos hayan invocado a gritos el uso de esa misma violencia que luego sufrieron (http://eluniversitario.net/ucv-quien-es-willians-munoz/). En ese sentido, me uno al llamado de El Universitario: "¡Rechazamos la violencia padecida por Willians Muñoz, pero también rechazamos la violencia que él infringió con su grupo armado, intolerante, radical y violento!". Por otra parte, no acepto su defensa de la legitimidad de Maduro a partir de frases aisladas de su discurso, pues por cada vez que él llama al diálogo, hay varias en que descalifica a sus adversarios o llama a "apagar las candelitas".
Tampoco creo que sólo los votos puedan dar cuenta de la legitimidad de un gobierno: los votos son sólo la puerta de entrada a la legitimidad; las actuaciones diarias del gobierno son las que mantienen su legitimidad, ante todo, por su respeto a una oposición democrática y a la división de poderes. Y en ese aspecto, mi opinión es que cada día que pasa la revolución chavista se deslegitima más.
Hace más 20 años y en ese mismo sitio donde hoy tantos estudiantes fueron salvajemente agredidos, yo también protesté como ellos. En mi caso, contra las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez. Esas mismas medidas que, junto con la represión que siguió, llevaron a que, para gran parte del pueblo venezolano, ese mandatario perdiera toda la legitimidad que le habían dado los votos. Y no me arrepentiré nunca de ello. Pero sí me arrepiento de haber creído hace una década que Chávez podía traer una solución.
En primer lugar, porque una revolución que trata de redurirlo todo a la retórica populista, que considera elitista y superfluo el conocimiento académico (sólo puede catalogarse así a la baja formación académica de la mayoría de sus líderes, o la forma en que se ataca a las universidades autónomas), simplemente no está preparada para dirigir un país en el mundo contemporáneo, donde la globalización de los capitales implica que para luchar por la equidad, el desarrollo y la justicia hay que luchar "desde el conocimiento", buena parte del cual sólo puede adquirirse hoy en las universidades. Por eso admiro y comparto muchos de los reclamos de los estudiantes que protestan. Su resistencia me hace sentir orgulloso de ser venezolano.
Ojalá un día los venezolanos realmente tengamos un gobierno que pretenda liberarnos de toda injerencia extranjera (provenga esta de la derecha o de la izquierda) y de la dependencia cada vez mayor que tenemos del petróleo, de forma que podamos construir una sociedad justa y pujante, cuya visión de equidad sea más compleja que el bozal del subsidio o de la mera máscara de inclusividad retórica. No creo en la gran mayoría de las figuras de la oposición, pero sí creo en los estudiantes que protestan. Ni sé tampoco cuál será el camino, pero sí creo que el chavismo ha demostrado desde hace años que no lo es y que la lucha estudantil mantiene al menos viva la esperanza de que un día lo encontremos.
Con respeto, pero en profundo desacuerdo con gran parte de lo que dicen,
Andrés García