Río +20: entre la desesperanza y la movilización social

El 2012 es un año crucial para definir la orientación de la política ambiental internacional, y lo más destacado de la agenda de negociaciones tendrá lugar en la Conferencia Río +20 que se celebrará en junio en Brasil. Entre el escepticismo y el llamamiento a la movilización, algunos líderes sociales y ambientales revelan sus expectativas sobre el evento.

Celebrada a finales del año pasado en Sudáfrica, la última conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP-17) dejó insatisfechos a movimientos sociales y ambientales quienes consideran que los avances diplomáticos son demasiado lentos para la urgencia que requiere el planeta. Es por ello que Renata Camargo, Coordinadora de Políticas Públicas de Greenpeace Brasil, dice que no espera mucho de la de Río+20: "En términos de las negociaciones internacionales, no hay ninguna expectativa de un nuevo acuerdo sobre los principales temas de esta conferencia, que son la economía verde y gobernanza ambiental para el desarrollo sostenible. Lo que se ha marcado es el intento de consolidar y reafirmar los acuerdos existentes para el desarrollo sostenible, que explica cómo cumplir con el Programa 21, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, etc "

Rubens Born, quien es jefe del Instituto Vitae Civilis y miembro de la coordinación del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente (FBOMS), opina que la movilización de la sociedad debe servir como base para un amplio proceso de transformación: "El enfrentamiento de la crisis económica, ambiental y de póbreza global requiere romper con los elementos sistémicos subyacentes a los ideales desarrollistas y neoliberales que han fomentado el debilitamiento de los estados como un mecanismo para permitir una mayor presencia de las corporaciones empresariales por un lado, y por el otro, la sumisión de todos los aspectos de la vida a los intereses económicos. La gravedad de la crisis climática también señala la necesidad urgente de evaluar otras formas para la generación y distribuciónde energía, alimentos, transporte, vivienda, saneamiento y empleo ".

Roger Rocco, analista del Instituto Chico Mendes compara los dos momentos: "Rio-92 trajo avances significativos en configuración de la política internacional y la construcción de un modelo de sostenibilidad social y ambiental. Sin embargo, las reuniones que siguieron fueron en general decepcionantes en resultados. Esto ha estado ocurriendo durante dos décadas y volvió a suceder en la COP-17. Es decir, para una vez más, se aplazó la adopción de una posición más firme en la continuidad de la norma jurídica para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Con este resultado y junto con las crisis económica mundial, no podemos esperar mucho de la Río +20 ", 

Río +20 fue convocada por la ONU como una reunión de carácter político, cuyo producto final es una declaración. Por lo tanto, no debemos esperar grandes tratados o soluciones definitivas. Pero sí podemos aprovechar esta cita para iniciar los procesos que pueden desencadenar transformaciones en un tiempo relativamente corto contribuyendo a consturi colectivamente el futuro que queremos. Identificar y cultivar las semillas de estos procesos es una prioridad estratégica para los movimientos sociales de latinoamérica y el mundo.

Fuente: EcoDebate (http://www.ecodebate.com.br/2012/01/09/ambientalistas-esperam-pouco-da-rio20-mas-defendem-mobilizacao/)

Traducción: César Aponte Rivero

Soberanía, territorio y conservación

El  feroz incendio en la Patagonia chilena sigue dando de que hablar. Esta semana el gobierno del país austral señaló a los indígenas mapuches como responsables del incendio que ya ha destruido unas 12 mil hectáreas dentro del Parque Nacional Torres del Paine y que supera las 40 mil hectareas fuera del parque. Esta acusación se realiza a pesar de que ya se había informado la captura y la confesión del autor material del incendio: un turista israelí.

A raíz de estas informaciones, varios medios de comunicación independientes se hicieron eco de un fenómeno que sucede en la Patagonia argentina y chilena y que es extremadamente preocupante: la adquisición de enormes extensiones de tierra por extranjeros y principalmente por ciudadanos estadounidenses y de Israel. La excusa en gran parte de los casos es que la tierra es adquirida para “la conservación de los recursos naturales”, basada en la premisa de que si no se privatiza la naturaleza, entonces no se conservará. El turismo y el conservacionismo actúan como vías de penetración.

Las consecuencias de estas maniobras representan una grave amenaza a la soberanía de Chile y Argentina, y aunque ya Argentina adelanta una ley que pone límites a la cantidad de tierras que puede comprar un extranjero, sin embargo, los peligros van más allá del cono sur y ameritan un tratamiento regional en escenarios como la CELAC o la UNASUR.

A continuación les invitamos a leer, siguiendo el vinculo de acá abajo, el texto de la prestigiosa periodista Palestina y activista en defensa de los derechos humanos, Kawther Salam, quien vive exiliada en Austria desde el 2004, en donde se refugió a causa de la persecución a la que fue sometida por su trabajo periodístico y audiovisual.


REPORTE PATAGÓNICO DESDE EL BLOG DE KAWTHER SALAM (http://www.kawther.info/wpr/ )

Nuevas facetas del conflicto por carretera en TIPNIS Boliviano

El Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), seguirá dando que hablar en 2012. 

Desde que a mediados del año 2011 se iniciara una masiva manifestación cuestionando la construcción de una carretera que atravesaría el territorio del Parque Nacional, se han hecho visibles diversos aspectos relacionados con el conflicto de intereses por la carretera entre sectores de la población residente en el TIPNIS, Grupos Indígenas, Conservacionistas, Empresarios Turísticos, Gobiernos Regional y Nacional, etc. 

Ahora, a dos meses del cese del conflicto mediante la promulgación de una Ley que declara al TIPNIS como un área intangible, surge otra manifestación de indígenas bolivianos, solo que esta vez reclamando la construcción de la carretera.

Este conflicto es ilustrativo de lo complejo y diverso de los intereses en juego cuando se ordena el territorio con fines de conservación. Nuevas informaciones revelan que no solo los conservacionistas estaban contra la construcción de la carretera. Inclusive, parece que la legítima protesta de  los grupos conservacionistas y los indígenas, puede haber sido utilizada por otros sectores interesados no solo en crear oportunidades para la desligitimación del gobierno de Evo Morales; sino también en que el desorden y la poca presencia del Estado y del gobierno Boliviano, continuen reinando en el TIPNIS.

Y es que posterior a la declaratoria del TIPNIS como área intangible, el gobierno ha niciado el proceso de revisión de las actividades económicas que se llevan a cabo dentro de sus límites, encontrándose con que gran parte de las licencias otorgados por el Estado para que las comunidades indígenas puedan hacer uso de los recursos naturales, venían siendo ilegalmente trasferidas a terceros para usar las concesiones con fines privados. En la mayoría de los casos los terceros no residen en el área, y en otros casos, son extranjeros.

En función de este hallazgo, el Gobierno de Bolivia suspendió este viernes las licencias ambientales de las empresas turísticas y de explotación maderera que operan en la zona donde se ubica el parque Isidoro Sécure (Tipnis), anuncio dado por la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, quien hizo una mención particular de la empresa turística Untamed Angling S.A.

"Hemos emitido una resolución administrativa que deja sin efecto las licencias ambientales de la operación turística debido a un informe que hace el Servicio Nacional de Áreas Protegidas sobre la situación legal de la otorgamiento de derechos", dijo en una rueda de prensa.

Igualmente, la representante medioambiental explicó que el caso de las compañías que explotan madera, la  Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) emitió otra resolución que deja también sin efecto y desconoce los contratos suscritos con las empresas Suri, Huanca Rodríguez e Isigo. "Por otro lado la ABT emitirá una resolución que deja sin efecto los contratos de terceros o empresas con las comunidades para aprovechar los recursos forestales dentro del Tipnis", indicó.

No solo las empresas madereras y turísticas tienen intereses en el TIPNIS. Antes de la llegada del Gobierno de Morales,  funcionaba en Chimoré una base militar norteamericana que, según el Director de la agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y zonas Fronterizas (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, le permitió a la DEA el control del narcotráfico y de otras actividades ilegales durante más de 20 años.

El funcionario también denunció la explotación de recursos naturales por empresas extranjeras, entre ellas el turismo de lujo, la madera y la cría de lagartos. "Es importante que sepamos que estos lagartos son para el consumo del mercado internacional, hay algunos dirigentes que usan las autorizaciones que otorga el Viceministerio de Medio Ambiente para fines privados y no para la comunidad", afirmó.

Expuso que "todos los lagartos son cazados con autorización, pues hay planes de manejo para las comunidades, pero una buena parte de la carne se queda en la región y la otra parte sale al mercado de Trinidad y Santa Cruz. Pero la mayor parte de los cueros de los lagartos son objeto de monopolio en manos de cuatro empresas encargadas de la exportación al mercado internacional (...) los bolivianos no podemos beneficiarnos de los cinturones, carteras de cuero de lagarto".

En lo que refiere a la actividad de tala, el director de Ademaf explicó que se confirmó la presencia de la empresa Suri y la desmotandora Huanca Rodríguez. La primera realiza su actividad en 40 mil hectáreas para aprovechamiento forestal y la segunda tiene más de 30 mil, "es decir 70 mil hectáreas cerca del núcleo del Tipnis".

Descomunal incendio forestal en Parque Nacional Chileno

Unas 11.000 hectáreas han sido destrozadas por las llamas desde el martes.

Un enorme incendio está arrasando parte del parque nacional de Torres del Paine, uno de los más populares de Chile, en la Patagonia (sur). 

Unas 11.000 hectáreas han sido destrozadas por las llamas desde el martes, según las autoridades. Los bomberos luchan aún por controlarlo y unos 400 turistas han sido evacuados.

Las autoridades han detenido a un ciudadano israelí de 23 años como presunto responsable.

El responsable chileno de los servicios de emergencias, Vicente Núñez, dijo que la situación es "un escenario extremo, sobre todo debido a la topografía, los fuertes vientos y la vegetación altamente combustible".

Al parque nacional Torres del Paine, declarada reserva de la Biosfera por la Unesco, llegan en estos meses de verano austral unos 130.000 visitantes, la mayoría europeos.

"Lenta respuesta"

En estos meses el parque llega a recibir hasta 130.000 visitas.

En 2005, otro incendio que fue originado por un turista destrozó 16.000 hectáreas de esta reserva natural.

Piñera ha dicho que los ministros de agricultura y de medio ambiente viajarían a la Patagonia para ponerse al corriente de los esfuerzos de extinción.

Añadió que el número de militares desplegados para controlar el incendio aumentaría a 450.

El grupo Acción Ecológica ha criticado al gobierno por lo que considera que ha sido una lenta respuesta al incendio.

El coordinador del grupo, Luis Mariano Rendón, considera que es una "vergüenza nacional" que el jueves solo 25 militares chilenos estuvieran luchando contra las llamas.

fuente BBC mundo

China se compromete a reducir emisiones causantes del cambio climático

China, el segundo contaminante actual más importante del planeta; anunció en el marco de la cumbre climática en Durban, su voluntad de comprometerse a reducir sus emisiones de Gases con Efecto Invernadero a partir de 2020.

Aunque China, India, Surafrica y Brasil son actualmente grandes contaminantes, no están obligados por el Protocolo de Kyoto a reducir sus emisiones porque para la fecha en que se acordó el instrumento jurídico, sus emisiones no superaban el límite crítico. Adicionalmente, la Convención de Cambio Climático establece un principio de responsabilidad histórica, según el cual, aquellos países con economías industrializadas de larga data y que históricamente han contaminado la atmósfera, deben asumir esa responsabilidad y ayudar económicamente a los países en desarrollo para solventar los impactos del cambio climático.

Claramente éste no es el caso de Brasil o de China, cuyas economías han tenido un rápido crecimiento apenas en las últimas décadas; y cuyo efecto histórico es incomparable con el de economías industrializadas desde hace cientos de años como Alemania o Inglaterra.

Sin embargo, su rápido crecimiento económico no solo les acarrea una responsabilidad, la cual reconocen; sino que además les otorga un poder de negociación y una enorme capacidad de cambiar, no solo el marco jurídico climático, sino también el orden económico mundial.

En palabras de Xie Zhenhua, Vieministro de Desarrollo Nacional y de la Comisión de la Reforma en China, “luego de 2020, aceptaríamos un acuerdo legalmente vinculante que nos comprmometa, pero con ciertas condiciones”

las condiciones de China para adoptar medidas de mitigación son, la adopción por parte de los países industrializados  de nuevos compromisos de reducción de emisiones  en un segundo período de compromisos dentro del Protocolo de Kyoto. El rápido lanzamiento del Fondo verde, pero en condiciones  de supervisión por parte de la Convención y no exclusivamente bajo el control del Banco Mundial; La imlementación de acuerdos previos en temas como Adaptación al cambio climático, transferencia de tecnología, transparencia y fortalecimiento de capacidades y una revisión de los compromisos de los países industrializados durante este primer período de compromisos de Kyoto.

“China manifiesta su voluntad de acarrear con obligaciones legales y compromisos de reducción de emisiones que sean acordes con la capacidad nacional  y sustentadas en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” establecido en la Convención” afirmó Xie.

A pesar de que surge como una potencial económica mundial, China sigue siendo considerado un país en desarrollo, entre otras razones por poseer la población más numerosa del planeta cuyas condiciones de vida no soncomparables a la de los países industrializados.

Cambio Climático y la agenda del Capitalismo Verde

Desde el pasado lunes se celebra la Conferencia de las Partes número 17 de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), en la ciudad de Durban, Suráfrica.

Si bien, el país ha centrado su atención en el nacimiento de la nueva CELAC, no deja de ser importante seguir los resultados de esta cumbre en Durban, de la cual depende nada más y nada menos que  la continuidad del Protocolo de Kyoto, el único instrumento jurídico que establece obligaciones para los responsables históricos de la alteración de nuestra atmósfera y nuestro clima. 

Desde 2009, año de la Cumbre de Copenhague, Venezuela ha jugado un papel protagónico en estas negociaciones, asumiendo un liderazgo que se corresponde con la ambiciosa agenda de transformación social, económica y política de la Revolución Bolivariana.  En aquella oportunidad se hizo evidente que la Convención de Cambio Climático tiene objetivos no explícitos relacionados con el establecimiento de un nuevo orden energético mundial; y que las corporaciones y el sistema financiero internacional usan el problema climático y a la convención como una mecanismo para legitimar su agenda económica y sacar provecho de la calamidad global.

Un ejemplo de ello lo representa el programa REDD+, un mecanismo para financiar a aquellos países que disminuyan su tasa de deforestación, cuyo propósito real es legitimar la creación de un nuevo mercado financiero internacional basado en la compra y venta de bonos de CO2. El mecanismo cuenta con el beneplácito de la mayoría de los países del mundo quienes esperan recibir cuantiosos fondos prometidos por los países industrializados. Sin embargo ha generado el rechazo de los pueblos indígenas del mundo entero quienes ven en REDD+ una amenaza inminente a sus modos de vida y a sus derechos.

Afortunadamente, la negativa de Venezuela junto a otros pocos países de adoptar el “Acuerdo de Copenhague” ha servido como base para negociar en términos mas igualitarios y respetuosos las decisiones, que según las normas oficiales, deben adoptarse por consenso. Ello permitió que en 2010 se acordara salvaguardar los derechos de los pueblos cuyas vidas dependen de los bosques, además de evitar que las plantaciones forestales se consideraran bosques y por tanto beneficiarias del programa REDD+. Venezuela también incluyó modificaciones a la propuesta original que impiden que REDD+ sea usado como mecanismo de injerencia y pidió postergar la discusión del mercado de CO2. 

Hoy nos llegan noticias desde Durban en donde México, Colombia, Costa Rica y Papúa Nueva Guinea (representada en este foro por consultores italianos) solicitan cambiar el mecanismo de toma de decisiones ya no por consenso sino por votación. Nuevamente, Venezuela y Bolivia rechazan este intento  de quienes pretenden mantener el control de la Convención mediante la extorsión, la compra de votos y otros mecanismos corruptos que se hicieron evidentes cuando Wikileaks reveló como se logró el apoyo para el vetado “Acuerdo de Copenhague”.

César Aponte Rivero

Durban y el futuro de Kyoto

En Durban, Suráfrica se celebra la 17 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC).  Esta cita podría marcar el fin del Protocolo de Kyoto, una ambición de los países industrializados, principales responsables históricos de la calamidad que hoy nos afecta a todos, y quienes han visto en el Protocolo de Kyoto, un freno a la expansión y el crecimiento ilimitado de un modelo económico en crisis y a todas luces caduco.

Es importante comenzar por aclarar que el Protocolo de Kyoto no tiene fecha de vencimiento tal como se nos ha hecho creer a través de diversos medios de comunicación; simplemente lo que esta en negociación es el establecimiento de un segundo período de compromisos que obligaría a los industrializados a reducir sus emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI) y por lo tanto, a imponer cambios en su modelo económico depredador y consumista.

Sabemos que el Protocolo de Kyoto no es una panacea. Aunque casi todos los miembros de Naciones Unidas acordaron su creación en 1997, no fue hasta 2005 que entrara en funcionamiento debido a la falta de compromiso político de los países industrializados. Sin embargo, su entrada en vigor tampoco representó una reducción de los niveles de emisiones, por el contrario, desde entonces se han incrementado las emisiones, llegando a niveles críticos que amenazan la vida en el planeta.  

El primer período de compromisos se inició en 2005 y culmina este diciembre. No establecer un 2° período de compromisos ha sido la estrategia de los países industrializados para dejar sin efecto una ley que los desfavorece económicamente. Sin embargo, aunque desean abandonar sus responsabilidades, han maniobrado políticamente para seguir disfrutando de las ventajas del Protocolo de Kyoto, entre ellas, los “Mecanismos de Desarrollo Limpio” que les permite a las corporaciones sacar jugosos provechos económicos de iniciativas que en su mayoría no contribuyen a solventar el problema. 

Hoy, en medio de una crisis financiera global, los nuevos actores económicos pudieran influenciar el futuro de la UNFCCC. China, India, Surafrica y Brasil no tienen responsabilidades en Kyoto, porque aunque hoy en día son grandes contaminantes, no lo eran para la fecha en que se acordó el Protocolo. Sin embargo, su rápido crecimiento económico no solo les acarrea una responsabilidad, la cual reconocen; sino que además les otorga un poder de negociación y una enorme capacidad de cambiar, no solo el marco jurídico climático, sino también el orden económico mundial.

Mientras EEUU (mayor responsable histórico del Cambio Climático) pide que todos los países, inclusive los más pobres asuman responsabilidades económicas por el problema que ellos causaron; China, anunció públicamente las condiciones que ellos ponen para adoptar un nuevo acuerdo jurídico que sustituya al Protocolo de Kyoto a partir de 2020.

César Aponte Rivero